Durante los últimos 50 años, ciertos sectores en el país han acusado insistentemente a las FFAA de ser protagonistas de un “Pacto de silencio” respecto a hechos ocurridos en el pasado.
Sin embargo, cualquier persona medianamente inteligente es consciente de que un secreto compartido por más de dos personas tiene pocas probabilidades de mantenerse oculto por mucho tiempo. Es inverosímil pensar que organizaciones de la magnitud de las Fuerzas Armadas, durante tantos años, hayan sido capaces de guardar tanta información.
Además, en los propios expedientes judiciales constan las declaraciones de muchos miembros del personal donde exponen sus propias participaciones e informaciones adicionales. Todo esto contradice la existencia de pactos de silencio a nivel institucional.
En realidad, lo que ocurre es que, con el paso del tiempo, ya no existen antecedentes concretos. Insistir en hacer justicia basándose en presunciones y suposiciones carentes de evidencia es una doble injusticia. Por un lado, es injusto para el inculpado, y por otro, es engañoso para los familiares de las víctimas, haciéndoles creer que el caso ha sido resuelto. Las jugosas indemnizaciones, claro está, actúan como un aliciente, y esto muestra que el sistema está distorsionado y lejos de asegurar una justicia real.
Sin embargo, en Chile sí existen pactos de silencio en la actualidad que los chilenos deberían conocer
A continuación, mencionaremos algunos de ellos:
- Ningún ciudadano en el país sabe cuánto se ha pagado en indemnizaciones por casos de DDHH. Los contribuyentes no conocen, después de 50 años, cuántos recursos se han gastado en esta materia, y solo somos testigos de que se pretenden aumentar los impuestos. Aquí, al menos el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Defensa del Estado guardan esa información celosamente.
- Tampoco los chilenos han sido informados, en más de 25 años, sobre la corrupción y el despilfarro en torno a los falsos exonerados políticos. Incluso hay parlamentarios que confiesan apoyar y firmar solicitudes sin una selección previa. Si esto no es un pacto de silencio, estamos muy equivocados en definir este concepto.
- Es un secreto a voces en el Poder Judicial, y hasta en Radio Bio-Bio, que el Ministro Haroldo Brito de la Corte Suprema adolece de serios problemas de memoria. Hace unos tres años, se le habría recomendado que no formará parte de la sala, pero ahí está y permanecerá hasta noviembre de este año.
Recientemente, ha sido operado de un cáncer gástrico, pero eso no está en cuestión. Lo que los chilenos necesitan es que se clarifique y certifique el estado de salud mental de este importante miembro del Poder Judicial.
En cualquier país serio, las autoridades tienen que transparentar su estado de salud, ya que es la única forma de disipar rumores sobre este tema. ¿No es acaso esto otro pacto de silencio? .
Por otro lado, este Ministro tiene una vinculación anómala en cuanto a imparcialidad, ya que su pareja actual es la Fiscal de la Corte Suprema y su ex esposa trabaja como ayudante de fiscales en la Corte de Apelaciones de Santiago en casos de DDHH que finalmente llegan a la sala que preside don Haroldo Brito en la Corte Suprema. Esto jamás ocurriría en un país donde existe un control adecuado sobre las relaciones transparentes entre funcionarios públicos.
- Nunca se ha transparentado la relación existente entre las organizaciones llamadas de DDHH y el Poder Judicial. Por tanto, se podría sospechar que algunos actuarios, relatores e incluso ministros podrían recibir presiones, amenazas y quizás algún estímulo económico para quebrantar su imparcialidad. Todo ciudadano tiene derecho a sospechar.
- Para no profundizar más, solo mencionaremos el pacto de silencio sobre el financiamiento de la política y de los políticos que, hasta ahora, nunca se ha informado a los chilenos de manera detallada.
Un requisito fundamental para la existencia de un pacto de silencio prolongado en el tiempo es el CONTROL. No es lógico pensar que una institución tan grande como el Ejército pueda controlar la información, incluso entre el personal en retiro.
No obstante, en los casos mencionados en este artículo, con hechos más recientes, sí existe la posibilidad de controlar la información oculta, especialmente cuando aquellos que comentan estas materias corren un serio riesgo, sobre todo cuando existen relaciones laborales que rozan el nepotismo o el alineamiento ideológico.
Esperamos que el Poder Judicial recupere su prestigio perdido y que, en las encuestas, deje de ocupar los últimos lugares que muestran el desprecio que los ciudadanos sienten por él. Un camino hacia la recuperación sería transparentar estos pactos de silencio en lo que les corresponde, sin olvidar la frase de Cervantes: “Es muy necio pedir a otro que le mantenga un secreto”.
